Los cargos fueron analizados y debidamente fundamentados por la Superintendencia de Educación, por cuanto se comprobó y ratificó que el reclamante no cumplió a cabalidad con la normativa educacional.
La medida fue adoptada en beneficio de todos los trabajadores de la faena y está destinada a prevenir contagios de Covid-19 al interior de ella.
Los actores sostuvieron no disponer de agua para el consumo humano, de sus animales domésticos, ganado y para el riego de sus cultivos menores de subsistencia y ornamentales.
La obligacióń de responder por el hecho ajeno se justifica siempre que el subordinado hubiera causado un perjuicio con motivo o con ocasión de la función encomendada en interés del principal.
Ello, sin perjuicio de la verificación de las operaciones, cifras y antecedentes sustentatorios que se determinen en el ámbito de la fiscalización.
La norma al exigir que la fiscalía judicial sea oída en los juicios sobre el estado civil de alguna persona, da entender que su intervención es necesaria e imprescindible, por lo que constituye un trámite esencial.
No constó en forma escrita la voluntad del actor de mantenerse afiliado a un régimen de previsión fuera del país.
Los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para abordar la investigación de las víctimas desde una perspectiva interseccional en la que se tengan en cuenta los diferentes ejes de vulnerabilidad que afectan a la víctima.
Las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en materia de medidas sanitarias, deben ser revisadas en sede de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Además, la decisión no guardo relación con las capacidades profesionales de la actora reflejadas en los estudios y perfeccionamiento acreditados.
