El texto, redactado por una comisión de 7 profesores UC, consistió en un examen de la propuesta estructurado en torno a cinco principios fundamentales del constitucionalismo: dignidad de la persona humana y sus derechos; soberanía, Estado e integración internacional; democracia; Estado de Derecho; y separación de poderes, controles y contrapesos.

El Tribunal de alzada revocó la resolución de primera instancia, al considerar que el banco no es ni puede ser considerado como beneficiario del inmueble legado.

El proyecto Puerto Cruz Grande fue aprobado en enero de 2015 y consiste en la construcción y operación de un puerto minero por parte de la Compañía Minera del Pacífico S.A., en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000, por concepto de daño moral, hermanas e hijas de las víctimas.

El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.

El magistrado además estableció que una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada se proceda a la devolución de Escobar Poblete a México en cumplimiento del acuerdo de entrega temporal firmado entre los gobiernos de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para que siga purgando en ese país una condena impuesta.

Su intervención se enmarca en el mandato otorgado por la Resolución 1593/2005, que dispuso la obligación de la Corte de informar periódicamente sobre la crisis humanitaria en esta región, que en las últimas décadas ha sufrido un cruento conflicto étnico.

Durante el juicio el ejecutante reconoció que existían cuotas vencidas con anterioridad a la interposición de la acción, y que perseguía el pago de las parcialidades que aún se encontraban vigentes.

La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.

El actuar de la empresa denunciada infringió los deberes de seguridad en el consumo y de cumplimiento de lo convenido en el contrato, dispuestos en los artículos 3 letra d) y 12 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.