El TC señala que, varios de los reproches que formula el requerimiento a las normas impugnadas dicen relación con su disconformidad con el modo en que el tribunal de la gestión pendiente ha interpretado la ley.
La sentencia señala que la requirente pretende acceder o igualarse al grupo minoritario de empresas que está eximida por ley de negociar colectivamente con sus trabajadores y que constituye la regla general.
El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de la devolución de los mismos al momento de su jubilación.
La Magistratura señala que la negociación colectiva es un derecho, no una carga, de jerarquía constitucional y que no es de titularidad de los empleadores, sino de los trabajadores.
Esto, a propósito de solicitud de la Municipalidad de San Pedro, que buscaba que se indique que ese órgano comunal se ajustó a derecho al adjudicar licitación pública, toda vez que, en su opinión, habría obtenido la aprobación tácita del concejo municipal.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, la inexistencia de una gestión judicial pendiente.
El recurrente señala que se encuentra en una celda en pésimas condiciones.
Cabe recordar que la demandante señala que la Minera al contravenir las medidas de cuidado y protección que le imponían la legislación ambiental y sectorial, que regula y condiciona su proyecto, provocó un derrame de petróleo.
De tal manera que inicie su vigencia en un contexto de normalidad post pandemia.
Los reclamantes alegan que la resolución cuestionada no consideró los posibles efectos en la salud, las emisiones acústicas del proyecto y, tampoco, que el Proyecto propuesta es fraccionado.
