El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger la salud de la población.
La decisión de los legisladores de radicar estos conflictos en el juez civil a cargo de la reorganización o liquidación, no es de modo alguno antojadiza, pues se trata de la sede de competencia natural que, en abstracto, es la encargada de resolver diferencias en esta materia.
El objetivo de la iniciativa es proteger la libre competencia, previniendo y sancionando conductas colusorias que afectan gravemente el sistema económico de libre mercado.
Entidades gremiales señalaron que tal medida ayudará a mantener la certeza jurídica y la correcta administración de justicia.
El texto regula las modalidades y procedimientos de participación ciudadana en la actividad legislativa, en forma previa al proceso de formación de la ley, durante su desarrollo y una vez que la ley se encuentra en aplicación.
El trabajo de la Sala se desarrollará mediante interconexión por Internet en la modalidad de teletrabajo.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la empresa inmobiliaria Santa Elena Ltda., restituir al municipio los $15.835.243 que costó la limpieza y cercado del terreno abandonado.
El ente contralor adujo que, esto, deberá ejercerse, necesariamente, con criterios objetivos y por motivos fundados, ponderando los antecedentes de cada situación.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que acogió la demanda y rechazó la prescripción de la deuda.
Corte de Santiago indicó que de la relación de los hechos denunciados se desprende que la acción fue presentada de forma extemporánea con conocimiento del recurrente.
