El Tribunal de alzada acogió parcialmente la acción constitucional, tras concluir que las expresiones vertidas por la recurrida APRA, por medio de la red social, “sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quienes son sindicados como ‘violentistas’, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a las personas de los actores”.

El máximo Tribunal estableció que la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, hizo una correcta aplicación del derecho, al confirmar la responsabilidad solidaria del Fisco con la empresa subcontratada.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el 27° Juzgado Civil de Santiago, que anuló la sanción al no constarse en la especie vulneración a la normativa sobre rotulado de alimentos.

El Tribunal de alzada coincidió con el CNTV en el tinte sensacionalista del reportaje, pero rebajó la sanción a 30 UTM, atendido a que las secuencias en que se vulneró el derecho a la vida privada e intimidad de residentes del cité, fueron de relativa corta duración.

La instancia remitió a la Sala la iniciativa que cumple su primer trámite y que buscar eliminar cualquier rastro de discriminación basada en la orientación sexual. También aprobó el proyecto que regula el régimen patrimonial de sociedad conyugal.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la policía al detener en reiteradas ocasiones al amparado, desconociendo, además, lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Valparaíso que decretó el sobreseimiento definitivo de las causas, por no configurar los hechos imputados delito

El Tribunal estableció la falta de servicio del recinto hospitalario al extraviar parte del historial clínico de la demandante, pero descartó que dicha pérdida haya afectado el tratamiento.

Este bono no les fue pagado en razón de que los trabajadores denunciantes contaban con más de 180 días de licencia médica a la fecha del pago del referido bono.

El Tribunal otorgó un plazo 72 horas para que la recurrida elimine de sus registros el número telefónico de la actora.

El recurrente fue condenado como autor del delito tipificado en el artículo 161-A del Código Penal que castiga a quien capte conversaciones o comunicaciones privadas en lugares que no sean de libre acceso al público.