Las demandas se presentaron luego de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, anunciara que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en Brasil y que el país no adquirirá CoronaVac.
Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.
Como forma de reducir las causas que se encuentran en tramitación en el Poder Judicial.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La sentencia señala que serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, las resoluciones del tribunal supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en el artículo 25.
La reclamante arguye que la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre DD.HH, que imponen la exigencia mínima de consulta en el caso que la implementación de un proyecto pueda afectar tierra y recursos naturales de propiedad indígena.
Especialmente en aquellos delitos en que las víctimas no pueden denunciar.
El Tribunal de alzada mantuvo la sanción de 1.000 UTM aplicada a la empresa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por no dar cumplimiento a contrato de concesión.
El máximo Tribunal rechazó el recurso enderezado en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que no se pronuncia sobre la cuestión de derecho planteada por la recurrente.
La reclamante llegó al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara la reclamación administrativa que presentó en contra de la resolución que aprobó ambientalmente dicho proyecto.
