No se aprecia la necesidad de cautela urgente en razón de haberse materializado la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales objeto del recurso.

De acuerdo al principio de legalidad del gasto público los desembolsos que se autoricen con cargo a fondos públicos, deben emplearse solo para los objetivos y situaciones expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

El requirente alega que se le prohíbe objetar la obtención de una concesión minera fraudulenta sobre su predio, afectando sus garantías constitucionales.

El trabajador fue desvinculado de empresa por expresar una frase de connotación sexual a una de sus compañeras.

Pretender que la sola presentación del libelo interrumpe el plazo de prescripción, significaría que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidara.

El uso del término Champanillo en el mercado constituye una infracción de la denominación de origen Champagne.

El Tribunal de alzada desestimó el reclamo deducido por el centro asistencial al considerar que las sanciones y montos se encuentran ajustados a derecho.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que ordenó a la empresa demandada, la Sociedad Agrícola Santa Teresa SA, pagar la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral, a trabajador que desarrolló hipoacusia (sordera), por exposición constante a altos niveles de ruido.

La Sala aprobó por mayoría la iniciativa originada en moción y durante el debate se abordó la necesidad de precisar los conceptos del texto legal para que no sean “absolutistas” y contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP.

La Dirección de Obras Municipales respectiva tendrá un plazo de 90 días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes, para otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización, una vez cancelados los derechos correspondientes.