El requirente alega que no puede defenderse de una ejecución injusta, lo que vulnera sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
El sumario también sancionó a los encargados de calidad del Laboratorio, luego de verificar la existencia de un medicamento que estaba por ser despachado desde la bodega y que no contaba con el permiso de exportación ni las rotulaciones de vencimiento requeridas.
Si bien no se puede aceptar que la mínima sospecha de robos cometidos por los empleados pueda justificar la instalación de un sistema de video vigilancia encubierto, en casos concretos la existencia de sospechas razonables de que se han cometido graves irregularidades convierte este medio en prueba lícita.
El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus garantías constitucionales.
El máximo Tribunal resolvió que las normas de prescripción civil no pueden aplicarse a los delitos de lesa humanidad, y que el Estado se encuentra en la obligación de reparar el daño causado por sus agentes a las víctimas de estos delitos.
La entrega de estos antecedentes constituye una herramienta eficaz que permite un control social sobre el proceso que ejecuta el organismo, en específico, posibilita fiscalizar que las condiciones exigidas por la ley para la constitución de las agrupaciones indígenas se cumplan correctamente.
Ante esa insuficiencia de pruebas, al tribunal le surgen dudas sobre la falta de consentimiento y el comportamiento violento en que se sustentó la acusación.
Para anular de oficio el fallo impugnado, el máximo Tribunal observa consideraciones contradictorias y falta de razonamiento sobre los informes técnicos que prueban la demolición del conjunto habitacional por defectos constructivos.
La Corte de Santiago resolvió, confirmándose en alzada, que los puestos en el ejército son temporales sin importar la condición de reservista, y es una facultad de la institución llamar a retiro o desvincular a su personal.
