El Tribunal de alzada estableció que «es suficiente sostener que se trata de bienes nacionales de uso público, por lo tanto, es imposible concebir siquiera una posesión que genere la prescripción, más aún si la comunidad demandante reconoce que carece de la calidad de poseedora en los términos del artículo 2.510 del Código Civil».

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que acogió la demanda presentada por la Sociedad Molinera y Comercial Carlo Marcerano Limitada.

El máximo Tribunal rechazó el recurso interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El Tribunal de alzada acogió el recurso deducido, anuló la resolución impugnada y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo, reponiendo la multa aplicada a la empresa por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros Muñoz y Aránguiz quienes fueron de parecer de confirmar la sentencia en alzada.

Recurrente estimó vulnerado el derecho a la propiedad.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos seguidos ante el Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.

Los cambios legales proponen que los fiscales tengan mayores facultades de investigación respecto de delitos terroristas.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Tribunal de alzada rechazó la excepción de caducidad presentada y ordenó resolver el fondo de la demanda por despido indebido.