El bien jurídico protegido por la Ley de Seguridad del Estado no dice relación con los conflictos entre particulares o de otras situaciones que se encuentran cubiertas por las disposiciones contenidas en el derecho penal común, alega el amparado.
Al contar con los antecedentes requeridos para pagar, no corresponde que la AFP solicite otra documentación.
El proceso administrativo se inició en agosto de 2020 y ha excedido los plazos del artículo 27 de la Ley N°19.880, vulnerando la igualdad ante la ley del recurrente.
El recurrente acusó que el acto terminal que lo sancionó se dictó 17 meses después de iniciado el procedimiento, infringiendo el artículo 27 de la Ley N°19.880 al operar en la especie el decaimiento del acto administrativo.
Esta incongruencia en el cobro de parte del precio debió ser reclamada mediante otras acciones y no por una demanda de cobro de pesos.
El tiempo y el lugar en que ocurrió el contagio y la muerte de la persona, establecen un nexo causal que permite acreditar la presunción de laboralidad necesaria para decretar un accidente de trabajo.
Solicitante manifestó que hacía uso de las aguas con anterioridad a octubre de 1981, en circunstancias que el punto de captación fue construido hace cinco años.
El acto impugnado busca subsanar una brecha remuneracional observada en la Dirección de Vialidad.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran facultadas para imponer ciertos requisitos al momento de reconocer derechos, aunque estos no pueden convertirse en obstáculos insuperables, que se traduzcan en un pretexto para desconocer derechos fundamentales.
El máximo Tribunal concedió el abono por los días en que el amparado estuvo privado de libertad en una causa anterior de la cual fue sobreseído, en consideración a la ley penal más favorable para el imputado.
