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Proyecto de acuerdo.

Parlamentarios solicitan al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que de cumplimiento al mandato constitucional de elección universal y directa de los consejeros regionales.

La Cámara de Diputados aprobó -con 39 votos a favor y una abstención- el proyecto de acuerdo de los diputados Auth, Cornejo, De Urresti, González, Hoffmann, Meza, Núñez, Rivas, Torres y Schilling, mediante el cual emplazan al Presidente de la República para que ingrese a trámite legislativo una iniciativa legal que de cumplimiento al mandato […]

26 de mayo de 2011

La Cámara de Diputados aprobó -con 39 votos a favor y una abstención- el proyecto de acuerdo de los diputados Auth, Cornejo, De Urresti, González, Hoffmann, Meza, Núñez, Rivas, Torres y Schilling, mediante el cual emplazan al Presidente de la República para que ingrese a trámite legislativo una iniciativa legal que de cumplimiento al mandato constitucional que establece la elección universal y directa de los cargos de consejeros regionales.
El proyecto de acuerdo expone que la Ley N° 20.390 (D.O. 28 octubre 2009) puso en vigencia la reforma constitucional sobre organización y funcionamiento de los gobiernos regionales que, entre otros aspectos, incluye la elección directa de los consejeros regionales, y tiene presente que para “la plena aplicación de dicha disposición constitucional” se hace necesario modificar una serie de “cuerpos legales vigentes”, partiendo por la Ley N°19.175, Orgánica de Gobierno y Administración Regional, lo que a la fecha, no se ha realizado.
Observa también la urgencia de legislar al respecto, toda vez que “en octubre del próximo año corresponde la elección de alcaldes y concejales y la renovación de los consejos regionales”, dándose un plazo suficiente “al Servicio Electoral para efectuar las adecuaciones del caso”.
A lo fines expuestos se solicita al Presidente de la República y a los ministro del Interior y Secretario General de la Presidencia el envió de un proyecto de ley que permita “desarrollar” lo dispuesto en el artículo 113 de la Carta Fundamental, siendo una “medida indispensable para asegurar la profundización del proceso de descentralización política y administrativa del país”.

 

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