La iniciativa legal conserva algunos elementos de la ley N° 18.603, que por razones de técnica legislativa se propone sustituir íntegramente.
El Mensaje concibe a los partidos políticos como asociaciones voluntarias, permanentes, con personalidad jurídica de derecho público, cuyo objeto, hoy restringido a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular, se amplia considerablemente para que puedan realizar otras actividades compatibles con sus fines (formación cívica, mantener medios de comunicación, crear o participar en corporaciones, fundaciones, centros de estudio u otras asociaciones voluntarias). Se innova, también, al reconocerlos como entidades con cobertura nacional, exigirles una adhesión explícita a la defensa y promoción de los derechos humanos y al establecer diversos principios a los cuales deberán ajustar su actuación (voluntad afiliativa, independencia, publicidad o transparencia, libertad de información, democracia interna, libertad organizativa, formalidad, responsabilidad, bien común, no monopolización de la participación ciudadana y no discriminación).
Asimismo, se les impone diversos deberes de transparencia activa, tales como mantener a disposición permanente del público (sitios Web) los antecedentes actualizados de sus afiliados y estatutos, su estructura orgánica, el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, los aportes, donaciones y toda clase de transferencias públicas y privadas que reciban, el balance anual, entre otras informaciones.
La distinción entre partidos en formación y partidos inscritos se mantiene, pero se reduce el porcentaje exigido de 0,5% a 0,2% del electorado para constituirlos. Luego, la publicación de los estatutos en el Diario Oficial se sustituye por su inserción en los sitios Web del Servicio Electoral y de los propios partidos, y en cuanto a la publicidad de la nómina de afiliados, cuyo acceso hoy está restringido únicamente a estos, se generaliza. Para ello se presenta una indicación que modifica la Constitución en el contexto del proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
Se propone también que una persona pueda solicitar, al inscribirse en los registros electorales, ser inscrita en un determinado partido.
En cuanto a las órdenes a sus militantes, se autorizan en base a tres criterios: a) sólo pueden referirse a asuntos que comprometan directamente los principios, el programa o la línea política; b) los estatutos regularán los procedimientos y las oportunidades para darlas; y c) no procederán en materias en que la Constitución establezca que el voto del parlamentario deba ser emitido en conciencia. Su incumplimiento se considera una infracción a la disciplina interna que será sancionado conforme a la regulación estatutaria. Con todo, no trae aparejada la pérdida del escaño del parlamentario si es éste el que no la acata.
En cuanto a su organización interna, se dispone que estarán integrados por una Directiva Central, un Consejo General Nacional, Directivas y Consejos Regionales, Directivas y Consejos Distritales, Tribunales de Disciplina Regionales y un Tribunal Supremo.
También se propone distintas normas para regular la generación de sus autoridades, acordar candidaturas de alcaldes, concejales, parlamentarios y candidatos a Presidente de la República, atribuyéndole, en algunos casos, carácter vinculante a sus resultados, todo ello para profundizar su democracia interna.
Por último, entre otras enmiendas, se consideran nuevas causales de disolución de los partidos, sanciones y reglas que tienen a preservar su disciplina interna.

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