La moción de los senadores Rincón, Aravena, Goic, Chahuán y Lagos, busca establecer la obligación de las farmacias de vender al público el fármaco original al precio establecido para el producto genérico cuando no dispongan de éstos para la venta.
Al respecto, el proyecto comienza indicando que es sabido que la capacidad de los médicos y de las farmacias para canalizar pacientes hacia ciertas marcas, fomenta la entrega de incentivos por parte de los laboratorios e induce la prescripción hacia medicamentos que representan un mayor costo para el paciente, sin mayores beneficios aparejados para éste. Según concluye la Fiscalía Nacional Económica, «en la medida que no exista evidencia acerca del mejor desempeño del medicamento de marca, y que el Instituto de Salud Pública procure velar por la calidad en los procesos de fabricación y manufactura de los medicamentos, parecen existir pocas razones para aumentar el poder de prescripción y dispensación en manos de médicos y farmacias, en desmedro de la mayor libertad del consumidor».
Luego, la moción explica que todo aumento en la información sobre la calidad de los medicamentos y su homogenización, así como toda medida tendiente a generar una oferta efectiva de todas las formas de comercialización de medicamentos en el país tenderá a fomentar una competencia en precios.
Enseguida, los senadores exponen que resulta difícil fiscalizar la multiplicidad de formas en que los laboratorios pueden incentivar la dispensación de fármacos específicos por parte de las farmacias, especialmente cuando, como ocurre en el contexto chileno, las principales cadenas se encuentran verticalmente integradas con laboratorios específicos o tienen externalizados con laboratorios la producción de marcas propias. De hecho, la actual regulación sobre la materia ha sido escasamente aplicada, fundamentalmente por tratarse de una normativa con altos costos de fiscalización. Asimismo, la existencia de un poder de marca, por sí solo, puede retardar la entrada de genéricos a raíz de la fidelidad que dicha marca puede artificialmente generar en los consumidores.
En ese contexto, la presente moción continúa argumentando que las farmacias deben contar no sólo con los medicamentos originales o referentes y copias de marca, que son los de más alto valor, sino también con medicamentos bioequivalentes. Dentro de éstos, han de disponer no sólo de bioequivalentes de marca- que no necesariamente cuenta con la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) y tiene un costo más elevado que los sin marca, sino también de bioequivalentes genéricos que se comercializan con el nombre de su componente activo, es decir que usan la denominación común internacional (DCI). Además, y en todo caso, deben contar con medicamentos genéricos que no requieren de la certificación de bioequivalencia de acuerdo con las normas del ISP.
Finalmente, los senadores aducen que en razón a los planteamientos anteriormente expuestos, se presenta el siguiente proyecto:
Artículo Único. Refórmese el Código Sanitario, agregándose un inciso sexto al artículo 101 del siguiente tenor: «Será obligación de los establecimientos de expendio tener disponibles para la venta al público medicamentos genéricos. A falta de éstos, deberán vender al paciente el fármaco original al precio establecido para el producto genérico».
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Salud del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis Boletín Nº13.009-11
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