La Moción busca es proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones, que garanticen la gobernanza tripartita de éstos, se otorguen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de modo que se evite que las fluctuaciones de la economía mundial no disminuyan las pensiones de los trabajadores tan fácilmente.
Asimismo, en virtud del grave impacto que está teniendo en el valor de los fondos de pensiones la alta volatilidad y desplome de las bolsas de los mercados financieros tanto nacional como internacional, se hace indispensable proteger y garantizar que la propiedad de los ahorros de los trabajadores, no siga expuesta a mayores riesgos y pérdidas, para así evitar que vuelva ocurrir con los fondos de pensiones, lo sucedido en el año 2008, donde se llegaron a perder US$ 45.120 millones de dólares, propiedad de los afiliados.
Según informes de la propia Superintendencia de Pensiones, en medio de la crisis sanitaria y volatilidad de los mercados financieros globales, los fondos de pensiones desde el 31 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020, ya han perdido cerca de US$ 58.600 millones.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca reforma constitucional que modifica facultades del Presidente de la República, del Congreso Nacional y agrega capítulo XVI sobre Nuevo sistema de pensiones a la Constitución Política de la República; además de derogar el Decreto Ley 3.500 de 1980, nacionalizando los fondos de pensiones y traspasando las funciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Superintendencia de Pensiones, a una nueva entidad estatal bautizada como el Instituto de Seguridad Social de Chile.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13493-13.

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