El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 277 del Código Procesal Penal.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso por recurso de hecho, en los que el requirente es imputado por los delitos de amenazas, lesiones leves y lesiones menos graves.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional señaló que estuvieron por acoger el requerimiento, los Ministros Aróstica, Romero, Brahm y Letelier, quienes estimaron que el precepto impugnado no ha señalado la imposibilidad absoluta de apelación de la resolución del juez de garantía, sino que estableció una diferenciación entre el Ministerio Público y el imputado en relación a la apelación de la exclusión de prueba por el inciso tercero del artículo 276 del Código Procesal Penal. Ante igual situación, la norma impugnada privilegia al persecutor público por sobre el imputado, pues al primero se le concede el derecho a apelar, mas no al segundo. Este tratamiento diferenciado establecido por la ley es arbitrario, ya que no existe justificación razonable alguna que sustente la discriminación señalada y que constituye una abierta transgresión a la "igualdad de armas” en el ámbito procesal.
Por otra parte, estuvieron por rechazar el requerimiento, los Ministros Peña y García, Hernández Emparanza y Pozo. Argumentaron que ni siquiera el Ministerio Público –querellante en la gestión pendiente- podría haber apelado del auto de apertura del juicio oral en caso de haberse excluido una prueba presentada por este órgano fundado en su impertinencia. Lo anterior, porque no es una hipótesis que conforme al Código Procesal Penal permita deducir recurso de apelación, sin perjuicio, ciertamente, de que puede interponerse, más tarde, un recurso de nulidad en base a lo previsto en su artículo 373, letra a), esto es, cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Además, el artículo 277, inciso segundo, impugnado, no tendrá aplicación al resolver el recurso de hecho que se encuentra pendiente ante la Corte de Valparaíso. En efecto, dicho tribunal deberá examinar si se cumplen o no, en la especie, los supuestos previstos en el artículo 277 inciso segundo del Código Procesal Penal para que se pueda apelar del auto de apertura del juicio oral en caso de exclusión de prueba, y la exclusión de prueba que afectaría al requirente se funda en un supuesto no contemplado en esa norma y que ni siquiera le permite alzarse al propio Ministerio Público. Por tanto, aun cuando se declarara que las dos frases impugnadas del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal son inaplicables en la gestión que conoce la Corte de Valparaíso, ello no importaría –automáticamente- que se pudiera apelar del auto de apertura del juicio oral, por el querellado, en caso de exclusión de prueba impertinente.
Por lo anterior, se produjo empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por la Carta Fundamental para acoger el requerimiento de inaplicabilidad y teniendo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC, el voto del Presidente no dirime un empate en estos casos, se tuvo por desechado el requerimiento, por no haber alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido.
Vea textos íntegros de la sentencia y el expediente Rol N° 3721-17.
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