La Corte Constitucional de Colombia determinó que el presidente de la República es el facultado para calificar a un grupo criminal como grupo armado organizado e iniciar diálogos de paz con este.
Esto, a propósito de la declaración de inconstitucionalidad resuelta por la Corte Constitucional en relación con la disposición que facultaba al Consejo de Seguridad Nacional para determinar cuando un grupo criminal cumplía los requisitos para ser considerado como grupo armado organizado.
Al respecto, la Magistratura constitucional advirtió que la norma demandada no se ajusta a la constitución, pues consideró que desconocía la competencia exclusiva del presidente de la República, para iniciar un proceso de paz.
Enseguida, la Corte indicó que la norma demandada (inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1941 de 2018) impedía al presidente iniciar un proceso de paz con una organización armada, a menos de que ésta cumpliera los requisitos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional, y hubiera sido calificada como grupo armado organizado. Los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, distintos al presidente, son sus subalternos, por lo tanto, el fallo sostuvo que una decisión que corresponde exclusivamente al presidente no puede estar sujeta a las condiciones fijadas por sus subalternos.
Finalmente, el órgano constitucional expresó que la definición de grupo armado organizado ya está contemplada en el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente las exigencias, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.