La Corte Constitucional de Colombia desestimó acción de tutela que pretendía reintegro de piloto de Avianca.
Respecto a los hechos, consta que el 21 de junio de 2018, quedó en firme la terminación del contrato de una piloto de Avianca e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC-. La decisión fue tomada por la aerolínea luego de surtirse un proceso disciplinario por los cargos de (i) la participación activa por promover, liderar y orientar, las actividades que configuraron el cese de actividades, calificado como ilegal por la Corte Suprema de Justicia; y (ii) el incumplimiento de obligaciones laborales, al no presentarse a las asignaciones de vuelo fijadas para los días 5 y 6 de noviembre de 2017, cuando la capitán no contaba con permisos para ausentarse en dichas fechas de su lugar de trabajo.
Al momento del despido la accionante se encontraba desempeñando funciones en tierra, como consecuencia de la disponibilidad limitada de recursos (simuladores, chequeadores, escuelas, etc.) exigida para el proceso de reincorporación y normalización de las actividades de la empresa. Tales exigencias obedecen, en su mayoría, al cumplimiento del Reglamento Aéreo Colombiano – RAC-.
En ese contexto, la capitana presentó acción de tutela y recibió de un juzgado administrativo el amparo transitorio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la condición de madre cabeza de familia y se ordenó reintegrar a la piloto al cargo que venía desempeñando al momento del despido. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la providencia al considerar que no cumple el requisito de subsidiaridad.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana confirmó parcialmente la decisión del Tribunal, pues declaró improcedente la tutela presentada por la piloto contra el Ministerio del Trabajo y Avianca respecto de los derechos al debido proceso, a la salud, al trabajo y el mínimo vital, y negó las pretensiones relativas al derecho fundamental a la libertad de asociación sindical.
En virtud de lo anterior, la Corte concluyó que la vía ordinaria laboral era el mecanismo idóneo y eficaz para resolver las pretensiones de la accionante encaminadas a debatir la legalidad del despido. Lo anterior, por cuanto, a falta de un perjuicio irremediable, la valoración de la existencia de una justa causa o no para terminar el contrato de trabajo es una competencia propia del juez laboral. Para la Sala, en la decisión de improcedencia, no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el despido no generó una afectación de su derecho al mínimo vital y tampoco probó los requisitos jurisprudenciales y legales para ser considerada como madre cabeza de familia.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.