CICLO DE RESEÑAS CINE Y DERECHO UCH I 003

Lucas Castillo y Guillermo Ortiz

Nacionalidad: Chilena

Año: 2018

Producción: Planta, Quijote Films

Género: Cortometraje

Duración: 12:45 Min

Idioma(s): Español

“Se ocupa mucho al ladrón como una especie de chivo expiatorio, para liberar rabia, para liberar frustración. Es una excusa para sacar otro tipo de cosas (…) La gente está muy enojada con lo que pasa en el Sename, pero si encuentran a ese mismo menor de edad en la calle robando, prácticamente lo matan”

Felipe Gálvez, director de “Rapaz”

Póngase en la siguiente situación: Está caminando por el centro de su ciudad favorita cuando ve a un joven corriendo rápidamente de sus perseguidores con un celular en la mano. Usted se interpone, lo detiene, y nota como el tumulto les rodea. Acaba de detener al presunto ladrón, pero ahora debe preguntarse si detener a la turba.

A esta encrucijada se enfrenta Ariel, el protagonista del cortometraje. El año 2018, Felipe Gálvez nos trajo este filme, único participante latinoamericano de la selección de Cannes, con una temática que se dispuso a explorar la permanente discusión sobre violencia, seguridad ciudadana y los límites de la justicia popular.

Precisamente, este corto se inspira en un bullado caso real de detención ciudadana ocurrida el año 2014, en el centro cívico de Santiago (Chile), en el que se acusó de vulnerar gravemente la dignidad del presunto asaltante. Han pasado 8 años desde este suceso, pero en lugar de disminuir la intensidad y gravedad de los altercados, pareciera que dicha situación palidece en comparación a otras manifestaciones modernas de la llamada “detención ciudadana”.

¿Cómo se puede explicar la existencia y proliferación de estos “linchamientos” contrarios a un Estado de Derecho?

Según Romina Villaroel y David Rodríguez (2015), miembros del grupo de estudios criminológicos UDP, las causas comprenden “la inseguridad de las personas frente a la delincuencia, la (real o alegada) complicidad de las autoridades con los delincuentes, la asociación de la figura del delincuente con la pobreza y el rechazo hacia esta figura”. Estos factores derivan en la demonización del sujeto delictivo, el afianzamiento de la creencia en la llamada “puerta giratoria” y contribuyen a generar un enorme clima de desconfianza que deviene, finalmente, en la necesidad de retribución y justicia de propia mano.

Sin embargo, existen serios problemas con esta percepción de inseguridad. Según muestran los datos de la encuesta de Seguridad Ciudadana, al año 2020, el 84% de los encuestados indicó que la delincuencia había aumentado en el país. Sin embargo, la tasa de victimización (número de hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de delitos contra la propiedad o de lesiones) bajó al 19,2%, implicando una disminución de 4,5 puntos en comparación al año 2019.  En este marco, no es difícil de reconocer la distante relación que existe entre la delincuencia real y la percibida.

Andrés Mahnke (exdefensor nacional) suma a los factores anteriores lo que denomina un desconocimiento sistemático de la presunción de inocencia. Siguiendo la aproximación penal general, la aplicación de la presunción de inocencia tiene dos grandes consecuencias básicas que deberían observar las personas: 1) La carga de la prueba corresponde al Estado (esto es, el Ministerio Público debe acreditar lícitamente el delito); y 2) El imputado debe ser tratado como inocente (regla de trato y prohibición de tratos vejatorios).

Ambas manifestaciones del principio son pasadas por alto cuando las detenciones ciudadanas devienen en linchamientos. Como se aprecia magistralmente en el corto que les invitamos a analizar, lo primero se da en el momento en que los particulares usurpan el rol del Estado en su carácter de juzgador imparcial y detentador del “monopolio de la violencia”, cuando acusan, recopilan información parcialmente y evalúan testimonios e ilegítimas confesiones basadas en torturas, llegando a emplear penas corporales sobre el aprehendido. El segundo elemento se puede apreciar durante toda la secuencia del corto, cada vez que se profundiza en los castigos públicos aun cuando el proceso judicial ni siquiera se formalizaba, incumplimiento el fin último de la detención ciudadana: entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima.

La dispar reacción de los medios de comunicación en el caso real también fue deficiente en su consideración de la presunción de inocencia. Lejos de emitir una condena al actuar de los particulares que se extralimitaron en las facultades legales, algunos medios parecían sorprendidos e indignados ante el hecho de que la víctima de las agresiones pudiera denunciar sus lesiones ante la autoridad, con frases como: “Incluso el menor podría haber denunciado la agresión, pasando de victimario a víctima” (Cooperativa, 2014), dando a entender que el menor, identificado como victimario, ya es considerado como autor del hurto a pesar de no existir sentencia alguna en su contra al momento de publicarse la noticia.

Aun cuando difícilmente existan personas que desconozcan -aunque sea intuitivamente- el contenido mínimo del principio de inocencia, resulta evidente que este carece de asimilación en la práctica. No basta que la gente ubique superficialmente el contenido de los principios jurídicos, sino que es preciso que participen de su ejercicio. Para esto es necesaria una profunda reflexión sobre el rol que tienen distintos actores, como los medios de comunicación, el Estado, pero aún más, los mismos individuos. La recuperación de la sensación de seguridad y la construcción de un Estado de Derecho requieren la cooperación de todos/as.

Sin duda, la detención ciudadana representa una ayuda a la justicia cuando ésta es utilizada dentro de los parámetros legales. Por ello, con el aumento del uso de la fuerza en las detenciones ciudadanas, es necesario que la sociedad tome parte en la defensa de los principios que la constituyen. Al enfrentar estas preguntas, tal como muestra el corto, todos/as somos protagonistas, sea por nuestras acciones u omisiones.