Reportaje

Imagen: .uchile.cl

La educación cívica y su entrampado camino en la legislación chilena.

Durante los últimos años el término “educación cívica” ha estado como nunca antes en el centro de la discusión ciudadana, algo que no es para menos, si tomamos en cuenta que en un periodo relativamente breve (2019-2022), el país ha estado marcado por una serie de acontecimientos, como el estallido social, la pandemia del Covid-19, el inicio de un proceso constituyente, la elección del presidente de la República más joven (elección que para muchos era una señal de cambio absoluto), para luego ver cómo la propuesta de Constitución fue finalmente rechazada. Siendo así, cabe preguntarse ¿es acaso el fracaso de esta instancia, un reflejo de la escasa educación cívica que se ha visto en Chile desde el retorno a la democracia?

20 de noviembre de 2022

Por Mauricio Villalobos, Universidad San Sebastián

Primeros pasos de la formación ciudadana en Chile

Los antecedentes de la educación cívica se remontan a los últimos años del siglo XIX, surgiendo durante dicha época diversas reflexiones sobre el sistema educacional chileno. Ya en el siglo XX durante el gobierno del presidente German Riesco se tomarían cartas en el asunto, incorporando la educación cívica en el currículum de Historia y Geografía, teniendo como principales contenidos: la noción de la patria, la organización y sumado a esto los derechos y deberes.

El principal objetivo de esta estrategia era promover los valores nacionales, para así crear un sentimiento e identidad patriota, no solo para los jóvenes, sino que también para reforzar el sentido de pertenencia con la comunidad. Otra forma de transmitir estos contenidos, fue a través de actos conmemorativos en las escuelas.

Esta asignatura tuvo una serie de cambios a lo largo de todo el siglo XX y aun al día de hoy el debate y las controversias sobre su finalidad siguen existiendo.

Transformaciones en la implementación de la materia.

Dentro de sus muchos cambios, encontramos los ocurridos durante el gobierno militar, donde una de sus principales modificaciones fue su nombre, pasando a llamarse “Educación Cívica y Economía”, impartiéndose en los niveles de primero y segundo medio, como asignatura independiente, con tres horas semanales. Dentro de dicho periodo, tuvo como objetivo impartir conocimientos sobre la Constitución del 80, el funcionamiento del sistema económico y político y los derechos fundamentales.

Luego nos trasladamos al año 1998, donde ocurre un hecho más polémico: bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se tomó la decisión de eliminar la educación cívica (como ramo independiente), pero el concepto de formación ciudadana se aplicó a todo el currículum escolar de manera transversal, comenzando su implementación el año 1999 desde 1ero medio, buscando impartir conocimientos sobre el Estado y el sistema político, también habilidades de manejo de la información, valoración del pluralismo y de los derechos humanos.

Ley 20.911.

Llegamos al año 2016 y durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el Congreso Nacional una vez más toca el tema de la educación cívica, pero esta vez para aprobar la Ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana, dirigido a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, debiéndose incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media este Plan, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, brindando así la preparación necesaria, con la cual los estudiantes puedan asumir una vida responsable, social y libre, junto a un mejoramiento integral de la persona humana, con bases democráticas y el bien común como ejes principales.

Algunos de los principales objetivos de este plan son:

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Junto a esto, el plan también deberá implementar acciones concretas que permitan cumplir con los objetivos señalados, algunas a considerar son.

i. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.

ii. La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y retroalimentación de la comunidad educativa.

iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos establecidos en esta ley.

La ley también señala que el director del establecimiento dará a conocer dicho plan a comienzos de cada año al consejo escolar y consultará con este las modificaciones que se deban hacer para su perfeccionamiento. También que al Ministerio de Educación le corresponderá apoyar a los sostenedores y establecimientos educacionales que así lo soliciten en el desarrollo de sus respectivos planes.

Por último, debemos mencionar que la ley también cuenta con disposiciones transitorias, las cuales indican que la ley entrara en vigencia al inicio del año escolar 2016 (artículo primero) y que el propio Ministerio de Educación impulsará, a mas tardar, durante el año 2017 la incorporación de una asignatura obligatoria de Formación Ciudadana, para 3er y 4to año de enseñanza media (artículo segundo).

Actualidad.

Un breve análisis permite sostener que desde el inicio esta normativa ha tenido una serie de dificultades de implementación, tales como:

1) El oportuno acompañamiento técnico en cuanto a los procedimientos y formas de aplicar la ley, pero que este acompañamiento sea acorde a la realidad de cada establecimiento educativo.

2) Su poca articulación con otros instrumentos como lo son los planes de mejora educativa (PME).

3) La baja cantidad de horas a la semana para esta asignatura.

También sumado a todo esto tenemos la pandemia del covid-19 la cual llevó a los estudiantes a estar dos años relacionándose (en el mejor de los casos) telemáticamente con sus compañeros, perdiendo el contacto y ambiente que antes se generaba en una sala de clases. Tal vez este periodo de encierro junto a los escasos espacios de diálogo que aun persisten en los centros educativos del país (enseñanza básica y media respectivamente) fueron caldo de cultivo para los varios hechos de violencia registrados en el progresivo retorno a la presencialidad durante el año 2022, hechos ocurridos a lo largo de todo Chile, demostrando que este no es un problema sectorial, regional, o aislado, sino una problemática a nivel nacional, evidenciándose de esta forma que los desafíos y complejidades existentes en el mundo escolar siguen aún muy vigentes.

Quizás este sea el momento para reflexionar y recordar que los jóvenes no solo asisten a las aulas para aprender y luego poner en práctica dicho aprendizaje, sino también para formarse, relacionarse con sus pares, desarrollar su carácter, expresarse, buscar las bondades y beneficios del mundo del saber, encontrar su vocación conocer y luchar por sus derechos, pero también ser consientes de sus deberes.

Pero a pesar de los pocos años de vida de esta ley y de las dificultades ya mencionadas en cuanto a la aplicación de la misma, no podemos negar que es un paso hacia adelante, orientado al principal objetivo que se buscaba en primer lugar, fomentar la educación cívica en nuestras escuelas y sobre todo en nuestra juventud. Ya el tiempo será el encargado de juzgar la viabilidad y funcionalidad de esta normativa, junto a las políticas públicas destinadas a impulsar la educación chilena en todos los aspectos posibles.

 

 

 

 

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