El imputado fue condenado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, hechos que fueron cometidos con alevosía, al actuar a traición y sobre seguro respecto de la víctima, con quien mantenía una relación amistad de más de 10 años.
La píldora fue aprobada por el organismo regulador hace 20 años, y desde entonces se ha convertido en el medicamento abortivo más utilizado en Estados Unidos. Por ello, el fallo generó gran interés público y la oposición de las organizaciones a favor del aborto. El gobierno anunció que apelará la sentencia.
Que el acusado tenía motivos para desear la muerte de su cónyuge, que tenía problemas de orden psiquiátrico, que exhibía una actitud indolente que demostraría su deseo en el resultado fatal, son indicios que, en su conjunto no logran satisfacer el estándar de lograr una convicción de la participación punible del imputado más allá de toda duda razonable.
El tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado, tanto la ocurrencia de los delitos como la participación de Rojas Lobos en los hechos.
Garantizando su ejercicio sin discriminación alguna, libre de violencias e interferencias de terceros. Estos derechos comprenden una dimensión sanitaria, de autodeterminación e igualdad. El Estado asegurará especialmente las condiciones para una maternidad voluntaria, protegida y accesible.
La mujer fue obligada a concluir su embarazo, a pesar del riesgo que representaba para ella y su bebé, el cual falleció durante el parto. Los solicitantes piden que la Corte declare la responsabilidad internacional de El Salvador por vulnerar una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En un balance realizado recientemente señala que queda mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los derechos reproductivos. Instó a los Estados a adoptar las medidas necesarias para que no sean afectados.
Después de este periodo solo podrán abortar las mujeres que se encuentren en riesgo de perder la vida. Aumenta los requisitos necesarios y establece la obligatoriedad de entrevistarse con un médico previo al procedimiento. Si la solicitante es una menor de edad, deberá contar con la autorización de alguno de sus progenitores.
Tras una serie de sesiones, que incluyeron audiencias de todos los sectores involucrados, las senadoras presentes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, respaldaron por unanimidad la idea de legislar.
El marco legal existente no cumple con el requisito inherente al deber del Estado de establecer y aplicar efectivamente un sistema que proteja a las mujeres internadas en instituciones psiquiátricas contra graves violaciones a su integridad. La legislación penal es inadecuada y, por lo tanto, incapaz de proteger a las solicitantes del aborto y la anticoncepción no consentidas.
