En la sentencia, la magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras constatar que las empresas demandadas incumplieron con la obligación de seguridad en la faena donde se registró el accidente laboral.
Cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral debido a su estado de salud, aquel tiene, en principio, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio del Trabajo la autorización para el despido.
El Tribunal acogió la acción tras dar por establecido que la demandada no proporcionó las condiciones ni adoptó las medidas para que la trabajadora desarrollara su labor de forma segura.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la parte que confirmó la de primer grado que rechazó la indemnización por lucro cesante.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a las demandadas, Ganadera Res Limitada, Comercial Res Limitada, Don Ganadero Spa y Agromerk Spa, a pagar, por constituir un único empleador, solidariamente la suma de $45.000.000 por concepto de daño moral, a trabajadora.
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual no emite pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que el recurrente pretende unificar.
El Tribunal rechazó la excepción de caducidad intentada por la sancionada y el actuar ilegal de la autoridad sanitaria.
El tiempo y el lugar en que ocurrió el contagio y la muerte de la persona, establecen un nexo causal que permite acreditar la presunción de laboralidad necesaria para decretar un accidente de trabajo.
