Acción de protección

Corte Constitucional de Ecuador.

Acción de protección en contra de sentencia requiere, para ser procedente, que previamente se hayan agotado todos los recursos procesales pertinentes.

Si una acción de protección ha sido admitida, la Corte debe dictar sentencia sin que se pueda volver a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, conforme a la regla de preclusión. Sin embargo, si previamente no se han agotado todas las vías procesales será menester aplicar una excepción a esta regla.

7 de septiembre de 2022
Corte Constitucional de Ecuador.

Extinción de una obligación contractual a través de una acción de protección es improcedente por exceder los objetivos que ella persigue.

La naturaleza de la acción de protección es claramente tutelar y ahí radica la diferencia con las acciones ordinarias de conocimiento, pues, los derechos constitucionales no son declarados, dado que preexisten y lo único que se determina a través de la acción de protección es si concurre la violación de derechos constitucionales.

3 de septiembre de 2022
Recurso de protección acogido.

CORFO debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT en lo referido al proceso de consulta para asignar los recursos destinados por SQM al desarrollo de comunidades indígenas ubicadas en el Salar de Atacama, resuelve la Corte Suprema.

Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.

31 de agosto de 2022
Vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

Declaración de confidencialidad de la información pública solo puede ser decretada por las entidades facultadas para ello y en los casos previstos en la ley, resuelve la Corte Constitucional de Ecuador.

El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.

29 de agosto de 2022
Registro de Vehículos Motorizados.

No procede el cobro de TAG a propietario de vehículo que transita por vías concesionadas si el Ministerio Público ofició al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente.

Es arbitrario el cobro pretendido de deudas devengadas con posterioridad al oficio enviado por la Fiscalía al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente del vehículo, por lo que no le resultan imputables las demoras o descoordinaciones entre los organismos públicos involucrados.

29 de agosto de 2022
Prohibición de suspensión de servicios básicos durante pandemia.

Propietaria de inmueble ocupado sin su consentimiento no resulta obligada a pagar deudas generadas por consumo de servicios básicos durante la vigencia de la ley 21.249, resuelve la Corte Suprema.

El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.

29 de agosto de 2022
Sistema de Admisión Escolar

Establecimiento en el que ha cursado estudios no puede negar la colegiatura a estudiante que postuló y fue admitida en otro Colegio a través del SAE, resuelve la Corte de Talca.

No es exigible a los padres el pleno conocimiento del sistema, pero sí al establecimiento el que debe informar veraz y adecuadamente a los padres sobre el proceso y sus efectos. El SAE preserva en primer lugar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes que los intereses de los establecimientos educacionales.

19 de agosto de 2022
Páginade 25