Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.
El proyecto, que ahora deberá ser analizado por la Cámara Baja, propone sancionar penalmente, como complemento de la normativa laboral, la conducta en el ámbito de relaciones de trabajo, educacionales, militares, deportivas, de prestación de servicios, de subordinación o en el cumplimiento de funciones públicas.
La iniciativa apunta también a delitos relacionados e incorpora la perspectiva de género en la reglamentación interna del Sistema Nacional de Bomberos.
Los partidos y sus dirigentes tendrán que establecer medidas claras y efectivas para este cometido, además de denunciar aquellos hechos.
La reclamante no solo está obligada a contar con un reglamento para estos fines, sino también a garantizar su aplicación por lo que la sanción es procedente.
El Tribunal acogió la demanda de tutela laboral, tras establecer que el ente edilicio incurrió en actos de acoso laboral en contra de la trabajadora, por lo que le ordenó pagar a la demandante una indemnización total de $5.100.000, por concepto de daño moral y emergente.
La instancia ha dedicado una serie de sesiones a analizar las propuestas con diversos especialistas y profesores de derecho para lograr una redacción óptima de la normativa.
El Tribunal de alzada acogió la acción tras establecer que el Cuerpo de Bomberos de Arica incurrió en ilegalidad al no dar estricto cumplimiento al protocolo e investigar la veracidad de los antecedentes proporcionados por la recurrente.
La iniciativa tiene como objetivo la protección de la población más vulnerable y la persecución efectiva de las conductas referidas al acoso sexual.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y ordenó a la empresa pagar a la demandante $6.000.000 por concepto de daño moral, más prestaciones adeudadas, tras dar por acreditado el acoso sexual denunciado y el menoscabo a la integridad física y psíquica y el derecho a la honra de la denunciante.
La Sala del Senado respaldó una regulación que establece que dichos establecimientos deberán contar con esos instrumentos para acreditarse. Asimismo, se busca que el eje principal de las medidas sean el respeto a la libertad y dignidad, así como la no vulneración de los principios de igualdad y de no discriminación.
