El supuesto que fundamentaba la petición de protección ha sido satisfecho por la recurrida, al indicar que va elaborar un Reglamento para investigar hechos y/o conductas de acoso sexual y de violencia de género.
El requirente alega que el hecho que la norma sólo aplique a procedimientos penales vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
Tribunal otorgó la protección solicitada para garantizar los derechos de la actriz, los que razonablemente cobran mayor relevancia por atentar contra la dignidad, honor y seguridad de una mujer.
El jefe de la Unidad de Emergencias Municipales acosó a una prevencionista de riesgos, mediante mensajes de whatsapp y propuestas personales, en las que dio a conocer sus intensiones sexuales con la demandante, quien denunció el hecho ante el municipio, no obstante, el municipio sobreseyó del sumario al acusado debido a que la actora estaba contratada a honorarios.
No corresponde que a través del recurso de protección se evalúe el mérito de las decisiones del colegio, las que se han adoptado con apego al Reglamento Interno y a la normativa educacional.
No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.
El acoso sexual es cometido cuando una persona, en beneficio suyo o de un tercero -y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica-, acosa, persigue, hostiga o asedia física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona. Debe tratarse de actos habituales y con permanencia en el tiempo.
Se aprecia una correcta interpretación de las normas, las que fueron analizadas en forma lógica y concordante, y derivan en la conclusión de que el plazo para interponer la demanda había concluido a la fecha de la presentación de la demanda.
El tiempo estimado por el órgano como necesario para la atención de la solicitud, no resulta desproporcionado siendo, por el contrario, abordable sin distraer indebidamente a los funcionarios del desarrollo de sus labores habituales.
No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.
