Durante siete horas de debate, los parlamentarios justificaron su votación aseverando o desestimando los argumentos sobre si infringió la Constitución y las leyes, y si comprometió gravemente el honor de la nación. Hubo votación dividida respecto de los dos capítulos.
La defensa del Mandatario optó por no apelar a la impugnación del cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Ello gatilló que la sesión avanzara directamente al tratamiento del fondo, donde la parte acusadora inicia el debate presentando sus argumentos.
El abogado Jorge Gálvez dijo a la comisión de la Cámara que investiga la procedencia de la acusación constitucional presentada contra el primer mandatario, que esta se basa en hechos falsos y meras especulaciones. Asimismo, puntualizó que el Presidente de la República no intervino en la decisión de venta del proyecto minero Dominga.
La actual ministra Carolina Schmidt junto al encargado de esta cartera de la administración anterior, Marcelo Mena, expusieron antecedentes sobre el proceso de evaluación ambiental de la minera Dominga.
En esta jornada se dio cuenta del libelo acusatorio y se eligió a las y los diputados que integrarán la comisión que lo analizará.
El grupo que evalúa la admisibilidad del libelo presentado en contra del ministro de Educación también recibió el testimonio del presidente de la Sociedad Médica para la Prevención, doctor Humberto Soriano; y del director de la Junaeb, Jaime Tohá.
La Sala del Senado se encuentra analizando el libelo acusatorio en contra del ex Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela.
Los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza recalcaron que el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico vigente en la época en que los hechos se fundan, pues imputa al ministro omisión de acciones, que, en rigor, no formaban parte de su competencia legal específica.
El documento señala que el ex secretario de Estado infringió gravemente la Constitución al poner el riesgo la vida y la salud de la población y por faltas a la probidad y el ocultamiento de datos.
Para fortalecer la legitimidad de las decisiones que tome la Cámara en aquellas comisiones.
