Una correcta materialización de la protección integral en el derecho a la salud de las personas mayores supone identificar los factores que perpetúan la rigidez del sistema y pueden comprometer los derechos fundamentales, y hacer cambios graduales institucionales y sociales con los ajustes necesarios para adecuarlo a las situaciones de vida distintas de la población mayor, en virtud del principio de solidaridad.
La Constitución, la ley y el derecho internacional de los derechos humanos son claros: el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de garantizar a los adultos mayores el ejercicio de su derecho al más alto nivel de salud y a la protección social en igualdad de condiciones al resto de las personas.
La materia en examen ha sido sometida a un procedimiento jurisdiccional que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos.
El Estado garantiza a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados y en las leyes, y vela por su protección e integración socio económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su calidad de vida.
Estaba cansada de alojar en su casa a sus dos hijos adultos. Si bien ambos trabajaban, le molestaba que no contribuyeran para solventar los gastos del hogar y que ni siquiera ayudaran en las tareas domésticas. Había intentado varias veces convencerlos de que buscaran un alojamiento independiente, pero ambos se negaron en repetidas ocasiones.
El municipio instó por el rechazo de la acción, aduciendo que el accidente lo produjo un simple desnivel propio de todas las aceras del país, argumento que fue estimado como una confesión judicial espontánea por el máximo Tribunal, que da cuenta del conocimiento que tiene el demandado del mal estado de la infraestructura de la comuna, dando por acreditada la falta de servicio.
La medida, aplicada por notarios y conservadores a personas mayores, sería, según se indicó en la Comisión, “una práctica discriminatoria por edad”.
Debe atenderse a las dañosas consecuencias que el cumplimiento de la orden de arresto puede tener para la salud del amparado, lo perturba su derecho a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 número 7 de la Constitución.
El corte eléctrico impide mantener refrigerada la insulina que requiere para el tratamiento de la diabetes que padece, haciendo peligrar así su vida e integridad física.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la cartera recurrida, al denegar el beneficio por haber ingresado, supuestamente, la solicitud fuera de plazo.
No obstante, la Corte ordenó oficiar al Juzgado de Familia a fin de que indague sobre un eventual abandono, e inicie una causa de violencia intrafamiliar a fin de que en ella se adopten las medidas necesarias para el resguardo del afectado.
