Los antecedentes solicitados son el resultado de la fiscalización efectuada por la Superintendencia de Pensiones, y siendo ésta una institución pública, esta información participa del mismo carácter.
La resolución que concede el apremio no es apelable, por lo que la deniega debe ser también apelable para que el Tribunal de Alzada pueda pronunciarse y revertir lo resuelto por el juez a quo.
El pago en la cuenta de ahorro bancaria informada por la actora fue rechazado.
El Tribunal le dio un plazo de 10 días a la AFP para informar la forma en que dio cumplimiento a lo ordenado, dando cuenta del depósito de dinero en las cuentas respectivas.
La iniciativa establece además que el estándar de diligencia debida de las instituciones privadas que tienen la obligación de administrar dineros de terceros es la culpa levísima.
La actora cobró la totalidad de los montos pendientes luego de interponer la acción.
Administradora cobró comisión sobre las cotizaciones previsionales adeudadas.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas y les ordenaron la devolución de los fondos, incluidos las comisiones que se hubieran generado en perjuicio o beneficio del recurrente.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la administradora de fondos, al contravenir el ordenamiento jurídico vigente que, desde la publicación de la Ley N°21.309, en casos excepcionales autorizar el retiro anticipado, por medio del recálculo de la pensión de afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
“El agolpamiento en los tribunales con competencia en familia solicitando retenciones de pensiones de alimentos a raíz del retiro del 10% de los fondos de las AFP, puso en evidencia un problema latente de largo arrastre en nuestro país: la falta de satisfacción efectiva de las deudas de este tipo”, plantea el informe.
