La propuesta busca establecer un caudal mínimo para el usuario afectado por morosidad, asegurando el acceso a agua potable al menos para el consumo humano, dado que “la importancia del agua para la supervivencia es fundamental. Un ser humano puede vivir sin la ingesta de líquidos solamente de dos a 4 días. Esto se debe a que el agua comprende aproximadamente el 60% del peso corporal humano, siendo el mayor componente de nuestro organismo.
La reutilización potable directa no utiliza acuíferos subterráneos ni barreras ambientales de almacenamiento, liberando las aguas residuales tratadas directamente en plantas de tratamiento o mezclándolas con otras fuentes de agua.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local, y condenó a la empresa Aguas Antofagasta SA al pago de $200.000 por concepto de daño emergente y $300.000 por daño moral, a cada clientes demandante.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia que rechazó, con costas, la reclamación deducida por la empresa en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
El reclamante solicitó la nulidad de la elección por cuanto alegó que su candidatura fue retirada en forma ilegal.
Se trata de prestaciones que son adicionales a aquellas comprendidas en el servicio público que incluye producción de agua potable para servicio público de distribución, la distribución de este insumo y la recolección y disposición de aguas servidas.
Se trata de un servicio esencial que se debe prestar en condiciones que el suministro de agua potable se adecúe a los mínimos exigibles para la integridad física de la población humana afectada.
El recurrente acusó que el acto terminal que lo sancionó se dictó 17 meses después de iniciado el procedimiento, infringiendo el artículo 27 de la Ley N°19.880 al operar en la especie el decaimiento del acto administrativo.
Dada su naturaleza y finalidad, las redes privadas deben cumplir con las condiciones técnicas de las redes públicas.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y sin fundamentos en la resolución municipal que dispuso el cobro a la reclamante.
Las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de alcantarillado son de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario.
