La decisión de registrar una iniciativa se basa exclusivamente en un análisis jurídico de su admisibilidad de acuerdo con el Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea, lo que no implica ningún pronunciamiento sobre las conclusiones legales o políticas que pueda adoptar la Comisión en una fase posterior.
La iniciativa busca imponer a los productores y distribuidores de agua embotellada la obligación de utilizar, en la elaboración de dicho producto y en su sistema de envasado, mecanismos y materiales, que permitan disminuir la concentración de microplásticos y evitar el desprendimiento de este tipo de partículas desde la tapa hacia el agua contenida en el cuerpo del envase.
En el caso peruano, el reconocimiento legal del derecho de acceso al agua potable y saneamiento, vía el Decreto Legislativo 1620, materia de comentario, encuentra justificación en diferentes fuentes de derecho internacional y nacional, respectivamente. Decimos ello pues es un derecho fundamental que no ha sido sólo reconocido por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No existen derechos indubitados que tutelar por esta vía, presupuesto esencial de procedencia de esta acción cautelar y de emergencia.
La reutilización potable directa no utiliza acuíferos subterráneos ni barreras ambientales de almacenamiento, liberando las aguas residuales tratadas directamente en plantas de tratamiento o mezclándolas con otras fuentes de agua.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local, y condenó a la empresa Aguas Antofagasta SA al pago de $200.000 por concepto de daño emergente y $300.000 por daño moral, a cada clientes demandante.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia que rechazó, con costas, la reclamación deducida por la empresa en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
El reclamante solicitó la nulidad de la elección por cuanto alegó que su candidatura fue retirada en forma ilegal.
Se trata de prestaciones que son adicionales a aquellas comprendidas en el servicio público que incluye producción de agua potable para servicio público de distribución, la distribución de este insumo y la recolección y disposición de aguas servidas.
Se trata de un servicio esencial que se debe prestar en condiciones que el suministro de agua potable se adecúe a los mínimos exigibles para la integridad física de la población humana afectada.
El recurrente acusó que el acto terminal que lo sancionó se dictó 17 meses después de iniciado el procedimiento, infringiendo el artículo 27 de la Ley N°19.880 al operar en la especie el decaimiento del acto administrativo.
