No logró acreditar que la recopilación de dichos antecedentes entorpecería su debido funcionamiento -de sus dos matronas-. El CPLT aplicó los criterios fijados en sus decisiones Roles C7893/20, C7842/20 y C8483/20, en los cuales se pronunció respecto de solicitudes análogas.
El Departamento de Análisis Criminal no cuenta con esos datos. Sin embargo, el CPLT le recomendó a la Institución mejorar sus sistemas informáticos con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la información en futuras presentaciones, en virtud de existir proyectos que regulan la materia y otorgan facultades a sus funcionarios para retirar vehículos.
El Servicio no logró acreditar que la información requerida forma parte de un documento que se encuentra en elaboración, y tampoco consiguió demostrar que los datos solicitados no obran en su poder.
Si la información no fuere habida, deberá comunicar esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen
Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.
Al no contar con dicha información solicitó a su Dirección de Estudios la elaboración de un documento que respondiera a dichos datos.
La Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Convencional -de naturaleza transitoria- extendió su funcionamiento hasta la gestión documental y traspaso al Archivo Nacional del Archivo de la Convención.
Es información de naturaleza pública y existe un interés público y necesidad de control social sobre tales antecedentes que prevalecen sobre los datos personales de las referidas personas.
La decisión se fundó en el interés público y en la posibilidad de ejercer un control sobre la gestión de una estatua dedicada a un ex Almirante que participó en un momento de violaciones sistematizadas a los derechos humanos.
El Consejo consideró que tales antecedentes tienen el carácter de público y que la entidad edilicia no invocó causales de reserva o secreto.
El establecimiento de educación superior no precisó la forma en que la entrega podría afectar los derechos de los involucrados.
