Dar un “me gusta” es comunicarse directamente con ella porque la víctima no puede hacer nada para evitarlo al tratarse de un usuario que desconocía y que, por tanto, no tenía bloqueado. Y ello no es un acto involuntario del acusado porque, aunque la publicación era abierta, entró a su perfil y pinchó el icono correspondiente.
El Registro Civil no sólo desatiende las reglas lógicas que propenden a una interpretación armónica de la normativa relacionada con la omisión de antecedentes penales, manteniendo las anotaciones descritas en la hoja de vida del conductor del recurrente, sino que además genera obstáculos para su reinserción social.
La recurrida negó por unanimidad la sustitución de la pena al condenado, precisando pormenorizadamente los motivos por los cuales tomó dicha decisión, sin que se advierta en ello ilegalidad o arbitrariedad.
Si resulta posible omitir las anotaciones en el Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
El recurrente fue condenado en el año 2000 y 2008 por manejo en estado de ebriedad, y luego de cumplir ambas condenas se omitieron judicialmente estos antecedentes, no obstante, el Registro Civil se negó injustificadamente a omitir las condenas de la hoja de vida del conductor, lo que vulneró la igualdad ante la ley del actor.
El máximo Tribunal estimó que la petición de la Corte de alzada quebrantó la imparcialidad de los jueces de fondo, privando al acusado de su derecho a un proceso racional y justo.
El ordenamiento ha decantado criterios de clasificación de la información personal. De allí que se aluda a datos personales públicos, semi-privados, privados y reservados, al tiempo que se contemple la existencia de datos sensibles. La clasificación de la información personal tiene un efecto práctico, pues estos criterios fijan estándares de protección e imponen límites a su divulgación.
El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud de cambio de apellidos, aduciendo la existencia de dos condenas en el registro de anotaciones penales del actor y que no había cumplido el plazo de 10 años que exige la ley para optar a la modificación nominal.
La protección del interés público y la necesidad de controlar la ausencia de antecedentes penales es lo que autoriza a prescindir del consentimiento del interesado.
No existe norma legal que autorice la mantención indefinida de estos datos de investigación en el sistema informático, por lo que su conservación configura un acto ilegal y arbitrario.
