El actuar de las recurridas vulneró el principio de confianza legítima.
El actor no tuvo la oportunidad de probar sus dichos en un proceso contradictorio.
Los hechos ocurrieron en el contexto de una movilización feminista.
La decisión impugnada no fue debidamente fundada.
La sanción fue aplicada fuera de los casos previstos en el estatuto y por un órgano que no se encuentra expresamente facultado para adoptarla.
La recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia.
El Fisco posee $8.051.520 sin título alguno en directo perjuicio del patrimonio de la recurrente que ha reclamado las multas.
El mensaje acusatorio no fue difundido, por lo que no vulneró los derechos invocados.
Por ello, rechazó recibir la licencia médica que presentó.
La recurrida actuó arbitrariamente.
