La suspensión del procedimiento ordenada por el TC no afectó a la recurrida.
Se acreditó el entorpecimiento fundado en la contingencia sanitaria.
La decisión se ajustó a las normas legales y reglamentarias pertinentes.
La facultad de la recurrida se contempla en una ordenanza municipal.
El máximo Tribunal refirió no tener competencia para cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas.
El actuar del recurrido se encuadra en la Ley N°17.336.
El máximo Tribunal ordenó poner los antecedentes en conocimiento de los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social y Familia.
La resolución está supeditada al resultado final del sumario administrativo.
La actora no pudo participar en uno de los programad del Fondo de Internacionalización de Universidades.
La actora debió ejercer un reclamo de ilegalidad judicial.
