El requirente alega que la exigencia resulta carente de razón y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
No resulta procedente decretar el cese de los alimentos ya que la obligación del alimentante se mantiene si el alimentario está estudiando una profesión u oficio.
El tribunal de primer grado requirió a la receptora judicial informe que indique la fecha de notificación de la sentencia definitiva a las partes, previo a proveer el recurso de apelación deducido por el actor, el que aquella presentó luego de 10 meses, por lo que no puede acusarse inactividad del actor para fundar el abandono del procedimiento.
La Corte de Santiago señala que para recurrir en contra una sentencia del TCP debe interponerse un reclamo de ilegalidad.
Los jueces de fondo estimaron que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad del delito investigado y que, además, de los antecedentes aportados por la Fiscalía, se puede presumir la participación del profesional en la comisión de los hechos.
En ejercicio de su potestad cautelar, el Tribunal de Familia deberá adoptar las medidas necesarias para la atención integral de la adolescente, debiendo citar al curador ad litem y al representante del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ordena el máximo Tribunal.
El alimentante ha contribuido a que su hija obtenga una carrera profesional, aumentando voluntariamente la pensión, lo que demuestra su sentido de responsabilidad, razones más que suficientes para rechazar el aumento de alimentos solicitado por la hija.
Resulta inaceptable que la sentencia de primera instancia niegue la compensación económica a una madre cuidadora que no ha podido desarrollarse en el ámbito laboral porque no tuvo la ayuda de quien estaba llamado a sostenerla y acompañarla en la crianza.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de apelación del Estado requirente, al estimar que se encuentran satisfechos todos los requisitos del artículo 449 del Código Procesal Penal, revocando el fallo recurrido y disponiendo la inmediata entrega del acusado a las autoridades trasandinas.
La clínica recurrente alegó que la rebaja de multa a la que accedió el Tribunal resolviendo la reposición no fue sustancial, por lo que, viéndose agraviado con dicha resolución, lo que correspondía era su enmienda vía apelación.
