La justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo.
El actor realizó gestiones con la clara intención de beneficiar a su hija en la labor que realiza en su lugar de trabajo.
La medida se adoptó en resguardo de los bienes materiales, sin constituir una sanción para los voluntarios.
El acto impugnado fue debidamente fundado.
La sanción se aplicó luego que se reconsiderara la destitución de la actora.
La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
La recurrida alegó que dichos procedimientos y sus consecuencias no estaban cubiertas por la póliza de seguro.
La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.
La recurrida cesó el pago de la asignación sin mediar acto alguno y ordenó el descuento por planilla de lo pagado indebidamente.
El recurrido inició un proceso de investigación sumaria para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios eventualmente implicados.
