La jurisprudencia ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico actual de “cosa” que les otorga el derecho argentino a los animales, resultando adecuado mencionar el precedente de la “orangutana Sandra” y el proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados de la Nación denominado “sintientes”.

A la accionante le bastaba con acreditar que sufrió un daño producto del tratamiento recibido en el establecimiento, extremo que se ha cumplido en la especie, razón por la cual -al no haberse aportado elemento alguno que pueda contrarrestar dicha circunstancia y tornar viable la fractura del nexo causal-, el demandado debe responder por el reclamo promovido en su perjuicio.

Existe consenso sobre la falta de expectativa razonable de privacidad en los lugares o espacios públicos. En efecto, no se encuentra discutido en el caso que, todas las actividades captadas por las cámaras de seguridad cuestionadas tuvieron lugar en la vía pública, ámbito que por su propia naturaleza, no se encuentra comprendido dentro de aquellos espacios de reserva.

La agresión a una mujer es una violencia estructural que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, e impone la obligación de analizar las situaciones respecto de las cuales se debe decidir con una adecuada perspectiva de género.

La empresa demandada no solo no ha dado cumplimiento al régimen legal precitado, sino que deberá de resarcir al actor. Ello por cuanto el mismo, en su calidad de usuario y haciendo uso de sus derechos, se inscribió en el Registro Nacional “No Llame” y, a pesar de ello, continuó recibiendo oferta de productos y servicios en clara infracción al mismo, lo que deja en evidencia una clara violación al deber de trato digno.

La violencia digital o telemática es toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.

Entendemos que resulta totalmente aplicable la Doctrina Plain View. Esta doctrina establece que para la validez del allanamiento: a) el ingreso debe ser legítimo, basado en una orden de allanamiento válida o en una excepción admitida; b) los ítems distintos o no contemplados por la autorización deben ser de aquellos que la policía a través de su vista, olfato, sonido o tacto esté en condiciones de indicar como reveladores de la actividad criminal.

Una vez reactivada la actividad y levantada la barrera sanitaria, eran las empresas las que debían dar cumplimiento a la prestación contratada. Lo contrario, devendría en un enriquecimiento incausado de las empresas en perjuicio de los consumidores.

Frente a la situación descrita resulta conveniente mantener la afiliación del afectado y la consecuente cobertura de las prestaciones médicos asistenciales correspondientes, pues la falta de ellas pondría en serio peligro el estado de salud de éste último. Ello, de modo de no alterar la situación hasta que se decida la cuestión de fondo.

Si el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales que concurrían en forma ideal, cuando ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente mediante una única conducta, es competente el juez federal.