Ningún derecho es absoluto y su ejercicio tiene como límite los derechos de otras personas, por lo que es necesario reconocer tal premisa cuando de libertad de expresión nos referimos a los fines de proteger otros derechos de igual jerarquía normativa, como son el derecho a la intimidad; a la imagen; el honor y buen nombre.

La valoración prudencial de las circunstancias destacadas permite reflexionar que la disposición de una medida de seguridad, dictada con carácter transitorio, no resulta determinante -por sí misma- para sostener que el centro de vida de las adolescentes haya cambiado. En la actualidad su centro de vida continúa siendo el lugar donde se encuentra su núcleo existencial, esto es en Córdoba.

Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.

Las compañías no actuaron con la debida diligencia luego de tener conocimiento efectivo del contenido lesivo denunciado por la recurrente. Es su inacción deliberada lo que revela su obrar culposo y, por ende, genera la obligación de reparar.

Se haya acreditada la afectación de la imagen y el buen nombre de la peticionaria mediante las publicaciones individualizadas durante el trámite del proceso, que otorgan fundamento para admitir de manera definitiva el reclamo para que Google proceda al bloqueo y eliminación de los link.

Existió un accionar ilícito (elemento objetivo) consistente en el incumplimiento contractual en relación a las cualidades de la cosa entregada. Respecto del elemento subjetivo, la negativa y desconocimiento del derecho del actor y la consecuente persistencia en la negativa a dar una solución definitiva constituye una actuación prácticamente dolosa de no querer cumplir.

No puede desconocerse que la legislación civil y la legislación canónica regulan materias diferentes ya que el ámbito civil resulta distinto e independiente al religioso, por lo que es improcedente pretender que la ley civil coincida con la regulación canónica.

La pretensión del recurrente equivale a alegar que no se pudo llegar al juzgado por un desperfecto técnico del vehículo y exigir la nulidad del acto llevado a cabo.

Se impone tanto el respeto a la garantía de las víctimas a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, como la obligación de que en las resoluciones que se adopten se consideren las presunciones que contribuyan a la demostración de los sucesos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso, como lo establece la Convención sobre los derechos del niño, al reconocer su derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente.