Los acusados formaban parte de una agrupación delictual especializada en internar droga a través de contenedores transportados en barcos, y recibidos en diversos puntos del país. En el último traslado, personal de la Armada -gracias al aviso de agentes encubiertos- abordó una nave proveniente del Perú e incautó más de una tonelada de marihuana de alta pureza que iba ser comercializada desde el puerto de Arica.
Los jueces de fondo estimaron que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad del delito investigado y que, además, de los antecedentes aportados por la Fiscalía, se puede presumir la participación del profesional en la comisión de los hechos.
La acusada ingresó junto a otro coimputado al inmueble y sustrajeron diversas especies, siendo sorprendidos por Carabineros mientras huían del lugar. Pese a encontrarse el delito frustrado, los jueces sancionaron a la imputada como si el delito se hubiera consumado, por aplicación del artículo 450 del Código Penal. No se le puede reconocer la atenuante de colaboración sustancial al ser sorprendida en flagrancia.
No pudo probar en juicio que aportó el formulario faltante y que el municipio perdió el documento, por ende, el máximo Tribunal desestimó sus argumentos en sede de nulidad sustancia. Además, porque la recurrente invocó nuevos hechos sin acusar infracciones a las normas reguladoras de la prueba.
Debe pagar 30 millones de pesos. El recinto ya había sido sancionado en 2016 por episodios de acoso escolar sufridos por los hijos de la demandante, dos menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista.
Además, no negó la existencia de la deuda por lo que no pudo objetar el título invocado por el acreedor.
El tribunal estableció que los descuentos hechos por la empresa no constituyen resarcimiento de los perjuicios causados, sino que sólo son los correspondientes legalmente por la interrupción del servicio contratado.
La Ley 21.256 faculta excepcionamente al Ministro de Hacienda para transferir un bono de apoyo a microempresarios y conductores de transporte remunerado de pasajeros.
La resolución impugnada señala que, atendido que el requerimiento de formula sólo por tres concejales, de lo que se infiere que no cumple con el quórum mínimo que exige el inciso 4 del artículo 60 de la LOC de Municipalidades.
La Corte Suprema señaló que, el pronunciamiento negativo a la renovación de patente de alcoholes del recurrente no puede ser calificado como un acto ilegal o arbitrario.
