La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, que rebajó la prisión preventiva que cumplía el imputado, al existir nuevos antecedentes que debilitan la presunción de participación atribuida.
La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), autorizan que la pena se cumpla de manera alternativa y no en un recinto penal.
La defensa no impugnó en su oportunidad la certificación referente al incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario.
Si bien el Ministerio Público manifestó su intención de revisar el arresto domiciliario del amparado, atendido que lo habría incumplido, ello no justificaba disponer su detención, porque la audiencia no estaba citada para ese objeto.
Él y su hermano están acusados de conformar una organización criminal que obligaba a mujeres a ejercer el comercio sexual y producir material pornográfico en territorio rumano. Según el fiscal del caso, engañaron y coaccionaron a sus víctimas, muchas de ellas menores de edad. En la actualidad se encuentran bajo arresto domiciliario.
Concejales eligieron al alcalde suplente luego de que el titular fuera formalizado y quedara sujeto a una medida cautelar personal de arresto domiciliario total por el lapso de siete meses.
Existe una convivencia armónica del grupo familiar en el hogar de la imputada, tal como refirió ella, en cuyo contexto sus hijos “la ayudan realizando los repartos” de la comida que elabora, por lo cual no se vislumbra la imposibilidad planteada por la defensa para que éstos cumplan con la tarea de acompañamiento de la menor ni cabe predicar al respecto la aludida afectación de los derechos de la niña.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Cañete, y dejó sujetos a los infantes de Marina a la medida cautelar de arresto domiciliario total, por considerar que la libertad de los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Tribunal de alzada revocó la resolución de primera instancia, dictada el 22 de octubre recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, que decretó la prisión preventiva de los imputados.
Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar las garantías de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio.
La norma contempla este beneficio para las madres de niños menores de cinco años que hayan sido condenadas, cuya aplicación no excluye a los padres, en tanto se encuentre comprometido el interés superior del niño.
