La programación de audiencia fijada por el Tribunal de primera instancia resulta ser desproporcionada, ya que sólo atiende a razones de eficacia de la persecución penal y eficiencia, sin considerar el principio de celeridad y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y prudente.
Es preciso tener en cuenta que la racionalidad y justicia que el constituyente ha determinado como deseables de todo procedimiento, en el inciso sexto del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, incluyen la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
La materia no dice relación con la libertad personal o seguridad individual del amparado, como lo exige el artículo 21 de la Constitución, sino con su derecho a ser juzgado en un término razonable, materia que no es protegible por la vía del recurso de amparo.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que permitir sólo al Ministerio Público poder apelar sin justificación razonable genera diferencias arbitrarias, impidiendo que pueda ser absuelto
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, el derecho a un procedimiento racional y justo, en su vertiente del derecho al recurso, entre otras garantía, ya que establece como único legitimado activo del recurso de apelación a la Fiscalía, en desmedro de los demás intervinientes.
No se condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que lo rodean.
Los requirentes estiman que la aplicación de la norma impugnada transgrede la igualdad ante la ley y su derecho a defensa.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el procedimiento penal vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
