El método utilizado por la actora no puede ser asimilable a ninguno de los supuestos analizados -firma digital o firma electrónica- puesto que carece de las características que requieren ambos medios de suscripción de documentos, lo que hace que el pegado de una firma no pueda ser asimilado a la firma electrónica. Reconocer su validez sería tanto como permitir reemplazar la firma original por una simple fotocopia.
El máximo Tribunal desestimó un recurso de queja presentado en contra de un fallo arbitral de segunda instancia, no obstante, invalidó de oficio la sentencia recurrida, al estimar que la decisión infringía el principio de la buena fe establecido en el artículo 1546 del Código Civil.
La libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que estas son vistas como el ente reproductivo por excelencia.
El derecho a morir dignamente guarda relaciones evidentes con los derechos a la vida digna y la autonomía, en sus dimensiones de autodeterminación e integridad; así como con el derecho a la salud, pues su ejercicio, invariablemente, va ligado a la prestación oportuna, eficiente, integral de los servicios necesarios para preservar el máximo nivel posible de bienestar de cada persona desde el comienzo hasta el final de su existencia.
Estos contratos están sujetos a la autonomía de la voluntad y al principio de libertad de pactos, en los términos previstos en el Código Civil. En consecuencia, el respeto al principio de libertad de fijación de la renta forma parte de las bases de las obligaciones contractuales.
Sin embargo, deben considerarse los acuerdos entre empleador y profesionales de educación sobre este tipo de compensaciones, en razón, del principio de la autonomía de la voluntad.
En su libelo el recurrente no hace mención a hechos que puedan constituir una afectación a las garantías amparadas por la acción de protección.
La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y a tal efecto las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual, en tanto que ello implica eludir el derecho de negociación.
A su vez, la empresa prestadora del servicio no puede oponerse a ello.
