Recurrente acusa que Banco no entregó la información solicitada para pagar anticipadamente un mutuo de dinero, lo que conculca su derecho de propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
Al atribuir a la actora una obligación que debió tratarse como extinta, perjudicó sus posibilidades de acceso al crédito, lo que resulta suficiente para estimar vulnerado su derecho de propiedad.
El otorgamiento de este producto bancario se encuentra regulado en forma facultativa para estas instituciones, las que pueden basar sus decisiones en criterios de riesgo y conveniencia.
El actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, puesto que traslada los efectos del uso fradulento de la tarjeta de crédito al actor, afectando directamente su derecho de propiedad.
De los hechos denunciados, no se advierte la forma en que puedan amenazar y vulnerar las garantías constitucionales de la recurrente.
Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.
El máximo Tribunal estableció que la materia que se pretende unificar no es de aquellas contempladas para aplicar este arbitrio especialísimo y excepcional de impugnación.
El máximo Tribunal no hizo lugar al arbitrio deducido en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se pronunció sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt expresó que, resultó necesario concluir que la víctima del fraude fue el recurrido y no el recurrente.
La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que el recurso es extemporáneo; que se trata de una acción de lato conocimiento y que no se encuentran acreditados de manera alguna que los hechos invocados.
La Corte de Santiago expresó que, la recurrente demostró una conducta diligente para intentar aclarar lo acontecido a diferencia del Banco.
