No resulta acreditada por el actor la relación causal entre el robo y el puntual hecho que le atribuye a la entidad bancaria -incumplimiento al deber de seguridad en su perjuicio-, al no haber siquiera probado la afirmada presencia del tercero “informante” o “marcador” dentro de las dependencias del banco accionado en la oportunidad que relata.
La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no configurarse la causal de nulidad invocada por el recurrente.
La Séptima Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario al negar la revisión del fraude.
Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que con la expresión “razonada” se alude a la necesidad de que se proporcionen los fundamentos y las bases que demuestren el error de la sentencia. La presentación bajo examen no cumple con los aludidos recaudos, toda vez que ninguno de los argumentos del apelante es idóneo para descalificar las conclusiones a las que se arribó en el decisorio.
La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.
El Tribunal de alzada estableció que se encuentra probada la responsabilidad del banco al incumplir sus obligaciones contractuales.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al proceder a realizar el descuento en forma unilateral.
No surge del recurso ni de las circunstancias del caso una demostración concreta de que el banner ocasione un daño de la intensidad alegada. Así se juzga, considerando que algún medio de difusión debe instrumentarse y el indicado satisface el fin pretendido en el estado inicial del juicio sin afectar irrazonablemente los derechos de la demandada por vía de mecanismos cuyo carácter dañoso no se muestra justificado.
Según datos registrados en el chip incorporado en la tarjeta de crédito, la demandante la poseía consigo al momento de efectuar transacciones comerciales. Asimismo, con respecto a la seguridad de la tarjeta, se descarta que haya sido falsificada en línea con lo expuesto por el experto.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la entidad bancaria al negar la restitución solicitada por la empresa Distribuidora de Materiales de Construcción S.A.C.
