No surge del recurso ni de las circunstancias del caso una demostración concreta de que el banner ocasione un daño de la intensidad alegada. Así se juzga, considerando que algún medio de difusión debe instrumentarse y el indicado satisface el fin pretendido en el estado inicial del juicio sin afectar irrazonablemente los derechos de la demandada por vía de mecanismos cuyo carácter dañoso no se muestra justificado.

Según datos registrados en el chip incorporado en la tarjeta de crédito, la demandante la poseía consigo al momento de efectuar transacciones comerciales. Asimismo, con respecto a la seguridad de la tarjeta, se descarta que haya sido falsificada en línea con lo expuesto por el experto.

El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la entidad bancaria al negar la restitución solicitada por la empresa Distribuidora de Materiales de Construcción S.A.C.

Ha quedado acreditado en autos que, contrariamente a lo expresado por las accionadas al contestar la acción, la tarjeta en cuestión había sido no solo emitida, sino dada de alta y posteriormente inhabilitada. Expresó el experto que figuraban dos tarjetas en el sistema a nombre del actor, una de las cuales era la que había motivado el reclamo de autos y que había sido emitida, como se mencionó, por la entidad referida.

La Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras establecer que la excepción de prescripción opera a los tres años, a contar de la fecha del reporte tardío y no desde cuando se realizaron las gestiones cuestionadas.

La Corte establece que “tratándose de las expresiones vertidas en el ejercicio del poder de representación asociado a la libertad sindical, los límites están dados por una eventual afectación a la honra, el prestigio o el funcionamiento de la empresa en que prestan sus servicios los trabajadores”.

Se acreditó que las operaciones fueron efectuadas por la recurrida o un tercero, las que son de conocimiento, cuidado y responsabilidad de ella, probándose que actuó con culpa grave.

Se declaró injustificado el despido de un cajero bancario desvinculado por pagar un depósito a quien no era el titular. El actor alegó que no había sido capacitado para evitar estos fraudes, pero luego confesó haber intentado verificar la identidad del cobrador mediante el sistema biométrico por que “ese era el procedimiento a seguir”, contradicción no observada por la judicatura de base.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a seguir adelante con la ejecución.