El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al mantener la supuesta deuda en el boletín comercial.
El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.
El Juzgado de Policía Local había acogido la demanda de perjuicios tanto por daño moral como por daño emergente, sin embargo, en alzada la Corte desestimó el resarcimiento del primero por no haber sido acreditado.
El tribunal estimó que es absolutamente posible que el titular haya facilitado sus claves y tarjeta física a un tercero para que realice la operación en su lugar, lo que, sumado a operaciones similares efectuadas en la misma cuenta, permiten inferir que no se trata de operaciones inusuales o sospechosas.
El Banco se encontraba facultado tanto por el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, como por la cláusula 13 del contrato respectivo, y por las circulares e instrucciones dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Varas Sepúlveda al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
El actuar de la empresa denunciada infringió los deberes de seguridad en el consumo y de cumplimiento de lo convenido en el contrato, dispuestos en los artículos 3 letra d) y 12 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.
Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.
Recibir los pagos y destinarlos a las deudas que ordena el cliente es parte de las obligaciones del proveedor, establecidas en el contrato celebrado entre los intervinientes, por lo que, al no cumplir con ella, incurre en infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.496 y Ley General de Bancos.
