La controversia debe ser discutida y probada en un procedimiento declarativo, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
Las transacciones se realizaron por la secretaría contable de la empresa recurrente.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario de la entidad bancaria al negarse a devolver a la recurrente los US$5.532,32 sustraídos a través de ocho operaciones fraudulentas.
El cierre unilateral de la cuenta que se reprocha no aparece realizado con infracción de ley o por mero capricho, sino como consecuencia de un mal empleo de la cuenta corriente por la actora.
Los recurridos al desestimar la solicitud de la actora mediante expresiones genéricas, no le permiten comprender el motivo de su decisión, lo que amenaza el derecho a la igualdad ante la ley.
El banco ha impedido el pago de las cuotas del crédito hipotecario sin una resolución judicial que así lo ordene, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal.
La interpretación de las normas bancarias por las recurridas atenta contra el derecho de igualdad, por cuanto excluye al actor del acceso al seguro de desgravamen y, con ello, al crédito hipotecario por el solo hecho de ser portador de VIH.
La ley otorga la facultad al banco de postergar o no las cuotas de los créditos hipotecarios, lo que no puede interpretarse como una obligación legal para la entidad recurrida.
El conocimiento de este asunto ha sido regulado por el legislador, por lo que, cabe rechazar el recurso al no ser la vía idónea para el conocimiento de esta materia.
El Tribunal de alzada desestimó error de derecho en la decisión impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó lo resuelto por el tribunal de base que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios.
