La Ley N°19.628 prohíbe informar las deudas por estudios superiores en registros o bancos de datos de organismos públicos o privados.
Al momento de la inscripción la demandante poseía una deuda cierta, exigible y no controvertida con el banco que fue inscrita en conformidad a derecho.
El recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente que se pueda proteger mediante la acción de protección.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del banco recurrido al negarse a restituir el dinero sustraído ilegalmente.
El Tribunal descartó responsabilidad del Estado en la conducta delictiva desplegada por el exoficial, quien fraguó un mecanismo de defraudación de diversas entidades bancarias y financieras, entre 2013 y hasta noviembre de 2014, periodo que ocupó la jefatura del Comando de Bienestar del Ejército.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario del banco al no devolver los fondos.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Leopoldo Llanos quien fue del parecer de revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, no se verificó la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, el actuar del Banco recurrido excedió las facultades que le confirió la ley dentro del contrato de depósito y que su actuar resultó arbitrario.
El recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución.
