Desde el punto de vista jurídico, señala la Corte, resulta importante analizar la entrega de ciertos beneficios a nacionales o ciudadanos de una jurisdicción, y la calidad jurídica que los mismos deben poseer, pues el establecimiento de condiciones de acceso a garantías prestacionales que fija el Estado, debe realizarse previniendo la generación de actos que puedan considerarse discriminatorios, en razón de la legislación vigente, y asimismo los tratados internacionales que se hayan ratificado y que se encuentren vigentes.