Los tribunales búlgaros se refirieron a la penalización de los ingresos derivados de la prostitución en la legislación nacional y a la «buena moral» al desestimar la reclamación de compensación. A este respecto, el delito establecido en el artículo 329.1 del Código Penal, de obtener ingresos de forma prohibida o inmoral, refleja actitudes sociales obsoletas heredadas del régimen comunista totalitario.
Se deben observar las recomendaciones y dictámenes de los órganos internacionales competentes, que destacan la importancia de permitir que los candidatos pertenecientes a grupos minoritarios utilicen su lengua materna en las campañas electorales a fin de garantizar que las personas pertenecientes a dichos grupos accedan a las elecciones en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.
Las autorizaciones judiciales deben observar los requisitos procedimentales que permitan al interesado conocer la motivación de la resolución adoptada frente a él, bien mediante su lectura, bien mediante la notificación de la motivación, a fin de permitir que defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles.
La normativa europea busca garantizar, entre otras cosas, una mayor protección con respecto a los tratamientos de datos sensibles, entre los que figuran los datos biométricos y genéticos, puesto que pueden generar riesgos importantes para las libertades y los derechos fundamentales.
En la especie, se infringen los artículos 2 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales, garantizan el derecho a la vida y la prohibición de la discriminación, respectivamente.
El Estado no puede privar a la menor de su derecho a circular libremente por Europa solo porque sus progenitoras son del mismo sexo.
La autoridad no activó los protocolos adecuados para prevenir el homicidio de la mujer.
No existió ninguna animadversión o sesgo personal evidente por parte de ningún miembro concreto del Consejo que pudiera poner en duda su independencia e imparcialidad.
El procedimiento generó un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión de la demandante y de todos los miembros de la judicatura nacional.
