Nuestra legislación no establece específicamente que la suplantación o falsificación de identidad a través de internet o redes sociales sea un delito.

Los actos y contratos que se relacionan con una tabla mortalidad que no se condice con la realidad chilena no tienen un sustento razonable y son actos contrarios al orden público.

Existen cerca de 10.000 profesionales de la educación que no acceden al pago del BRP.

La crisis hídrica que vive nuestro país crea la necesidad de establecer sanciones particulares a las personas que afecten ilegítimamente las aguas.

Pueden inscribirse para votar anticipadamente los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, las personas que trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su lugar de votación y los enfermos que no puedan acudir a su mesa de votación.

La calidad de denunciante anónimo se adquiere a través de la dictación de una resolución fundada de la Comisión para el Mercado Financiero y es remunerado con parte de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación.

Se aprobó impedir que personas dependientes de drogas ilícitas puedan ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular.

La redacción de la nueva Constitución presenta un escenario ideal para dar más protagonismo a las regiones a través de mecanismos de descentralización efectiva.

Nuestra legislación no permite que los candidatos independientes puedan formar listas para competir en las elecciones de Diputados y Senadores.

Es necesario imponer una carga adicional a quienes pongan en peligro la salud pública durante un estado de excepción provocado por una emergencia sanitaria.