La cirugía de próstata con tecnología robótica constituye la mejor alternativa terapéutica en cuanto a que disminuye los riesgos de morbilidad post-operatoria; pero no representa la única solución para la patología que presenta el paciente. Por otro lado, se trata de una “cirugía programada”, lo que determina la inexistencia del “peligro en la demora” en el reconocimiento del derecho invocado por el asociado.
Parece lógico asentir en la existencia de un error de diagnóstico en el análisis de las muestras patológicas extraídas a la demandante, siquiera por haberlo así reconocido el propio laboratorio demandado. Error de diagnóstico que sí sirve para sustentar la acción de responsabilidad ejercitada cuando nos encontramos ante un error de notoria gravedad y con unas conclusiones absolutamente erróneas.
El texto de la resolución llama a resolver con celeridad la situación de personas que han sufrido un retraso en sus tratamientos por la paralización que experimentaron las atenciones médicas producto de la crisis sanitaria.
Garantizando así que las personas que hayan padecido y sobrevivido al cáncer, no sufran discriminaciones financieras una vez superada su enfermedad.
En caso de pérdida de oportunidad el daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.
El cáncer de mamás es la segunda causa de muerte de las mujeres chilenas.
El Estado está al servicio de la persona humana y debe garantizar el derecho a la vida, argumenta la Corte Suprema para acoger el recurso de protección.
El tribunal sustituyó una pena de privación de libertad por la remisión condicional de la pena.
Es evidente que la decisión de las recurridas priva a la actora del uso de una opción terapéutica, tratamiento adecuado y eficiente para su dolencia y cuya ausencia conduciría a una afectación seria en su calidad de vida.
Aparece de manifiesto que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en sede de protección, toda vez que el rechazo a la cobertura del siniestro que solicitó se funda en la reticencia e inexactitud de la recurrente en su Declaración Personal de Salud.
El máximo Tribunal desestimó la acción presentada contra el médico tratante de la niña y la mantuvo respecto del Hospital San Juan de Dios.
